Racismo, conflicto armado y silencio: La deuda con las mujeres
afrodescendientes víctimas de violencia sexual en Colombia
Por: Nhora Lucía Álvarez Borrás Fundación Círculo de Estudios Culturales y Políticos
Cada 24 de marzo desde el año 2011 en el mundo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar la memoria de quienes han sufrido graves violaciones y para recordar que conocer lo ocurrido es un derecho fundamental de las víctimas y de la sociedad. Este derecho implica acceder a un conocimiento pleno sobre los hechos, los responsables y las circunstancias en que ocurrieron las violaciones de Derechos Humanos.
En contextos de conflicto armado como el de Colombia, la verdad es un principio jurídico, pero también es un componente psicosocial. La verdad cuando es materializada y construida con base en la experiencia de las víctimas tiene un poderoso impacto en la transformación de las realidades sociales y comunitarias.
Para las más de 34.291 mujeres que han sufrido la violencia sexual durante el conflicto armado en Colombia, el acceso a la verdad puede significar un paso inicial hacia la reparación de un sufrimiento que habita sus cuerpos, sus emociones y sus relaciones.
El acceso a la verdad sobre los hechos victimizantes que se cometieron en su contra es un aporte a la memoria del pueblo colombiano, una apuesta por la reconstrucción del entramado social deteriorado por la guerra y una oposición a las aun persistentes formas de violencia sexual en contra de las niñas y mujeres.
Este ejercicio de verdad debe incluir la aceptación y el reconocimiento de que La violencia sexual en el conflicto armado en Colombia ha sido utilizada históricamente como una estrategia de control territorial, castigo colectivo y dominación política. No ha sido diferente a otras experiencias en el mundo en las que esta arma de guerra ha sido de utilidad para avanzar en los intereses y objetivos militares de los grupos en confrontación; desde las guerras en los Balcanes en los años noventa hasta el genocidio en Rwanda, el delito de violencia sexual ha sido utilizado de forma sistemática para destruir comunidades y producir terror social.
Al respecto, Catharine MacKinnon sostuvo que la violencia sexual en la guerra no es un daño colateral sino una forma específica de violencia política: una herramienta para afirmar jerarquías de poder sobre los cuerpos de las mujeres.
Así pues, construir la verdad sobre la violencia sexual en el conflicto armado en Colombia también exige reconocer una realidad invisibilizada y es la de que este delito no se ha ejercido de manera aleatoria en contra de cualquier mujer colombiana. Sus víctimas han tenido vidas marcadas por las desigualdades estructurales del país, el racismo y la discriminación, así que una proporción significativa de las víctimas pertenece a pueblos étnicos, especialmente comunidades afrodescendientes e indígenas.
Las cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas develan que alrededor de 10.000 mujeres víctimas de violencia sexual son afrodescendientes e indígenas, este factor étnico determina un patrón revelador de sobrerrepresentación que no puede entenderse sin mirar la geografía del conflicto.
Muchas de estas mujeres habitan territorios estratégicos para los actores armados, regiones ricas en biodiversidad, recursos naturales y corredores para economías legales e ilegales, como el Pacífico colombiano y el Caribe.
En departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Bolívar donde las comunidades afrodescendientes han construido históricamente sus territorios colectivos, el conflicto armado ha operado durante décadas como un sistema de control territorial sobre poblaciones históricamente marginadas.
A su vez son territorios atravesados por el abandono estatal, la precariedad institucional, las brechas socioeconómicas y la limitada garantía de los Derechos Humanos fundamentales, lo que ha configurado escenarios donde las comunidades afrodescendientes enfrentan una doble vulnerabilidad; por un lado, la violencia directa de los actores armados; por otro, la exclusión histórica del Estado.
Es así como esta realidad revela que la violencia sexual en la guerra no puede comprenderse únicamente como una forma de violencia de género. Al respecto, Angela Davis ha mostrado cómo las violencias se intensifican cuando el género se entrecruza con otros sistemas de opresión como el racismo, la pobreza y la marginalización territorial.
En este sentido, la verdad sobre la violencia sexual en Colombia no puede construirse desconociendo una historia más amplia de racialización y explotación territorial. Sin embargo, esta dimensión racial de la violencia sexual rara vez ocupa el centro del relato público sobre el conflicto armado colombiano.
Durante años, la narrativa dominante ha tendido a invisibilizar cómo el racismo estructural también ha moldeado las formas en que la guerra se ha ejercido sobre determinados cuerpos y territorios.
Por su parte, en los más de 17 años de trabajo de la Fundación Círculo de Estudios, se ha documentado comola violencia sexual tiene impactos psicosociales particularmente complejos, que siguen profundizando las brechas para las comunidades afrodescendientes.
Estos impactos se entrelazan con estigmas sociales, destruyen el tejido social, la organización comunitaria, conllevan a sufrimientos familiares y destrucción de proyectos de vida, empobrecimiento de los medios de vida, desconfianza generalizada, ciclos interminables de violencia y venganza, sentimientos de culpa y aislamiento social que recaen injustamente sobre las víctimas, desencadenando tristeza, conflictos con la propia identidad, debilitandoliderazgos comunitarios y reproduciendo ciclos de miedo y silencio que pueden transmitirse entre generaciones, con la zozobra constante de posibles nuevas victimizaciones.
Lo que es claro es que la verdad no se puede construir sin la afirmación de que el conflicto armado aún es persistente en Colombia y que los grupos armados organizados al margen de la ley, así como algunos agentes del Estado continúan ejerciendo violencia sexual en contra de niñas, jóvenes y mujeres afrodescendientes.
Todos estos factores han tendido a agravarse debido a la ausencia de justicia y aunque en Colombia, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR- y particularmente la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- ha abierto espacios para que las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado puedan ser escuchadas y participar en la construcción de la verdad, los desafíos siguen siendo enormes ya que a pesar de la magnitud de este delito la respuesta institucional ha sido tardía y fragmentaria.
Durante décadas, estos crímenes enfrentaron barreras para su denuncia e investigación, lo que ha producido altos niveles de impunidad. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos estiman que más del 90% de los casos de violencia sexual relacionados con el conflicto armado permanecen en la impunidad, una cifra que refleja no solo las dificultades probatorias de este tipo de delitos, sino también la histórica falta de prioridad institucional para investigarlos.
Esta situación ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres afrodescendientes, cuyos territorios han estado atravesados por el conflicto armado y por profundas brechas de acceso a la justicia. En este sentido, la impunidad no puede entenderse únicamente como una falla del sistema judicial, sino también como el resultado de estructuras históricas de discriminación racial, de género y de clase que han condicionado qué violencias se investigan, cuáles se silencian y cuáles se consideran políticamente urgentes.
La Jurisdicción Especial para la Paz ha empezado a avanzar en el esclarecimiento de estos crímenes, el macrocaso 11, abierto en 2023 para investigar la violencia basada en género, la violencia sexual y los crímenes cometidos por prejuicio durante el conflicto armado, llegó tarde dentro de la priorización de los macrocasos del tribunal. Hasta ahora, este caso ha acreditado más de 630 víctimas y ha llamado a rendir versión a 62 comparecientes, entre exintegrantes de las FARC y miembros de la fuerza pública. Sin embargo, la apertura tardía de este caso refleja la persistente marginalización de la violencia sexual dentro de las agendas de justicia.
En un contexto en el que el mandato temporal de la JEP avanza hacia su etapa final, la preocupación es que la verdad judicial sobre estos crímenes y particularmente sobre los patrones de violencia sexual contra mujeres afrodescendientes pueda quedar incompleta si no se acelera el esclarecimiento y la atribución de responsabilidades. Esta preocupación se agrava si se considera que, hasta ahora, los avances judiciales en materia de violencia sexual siguen siendo limitados en comparación con otros crímenes del conflicto.
Por lo que conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Verdad es reconocer que la dignidad de las víctimas depende de que las sociedades sean capaces de escuchar, investigar y nombrar las violencias que durante demasiado tiempo permanecieron en silencio. Porque cuando una mujer logra decir la verdad sobre lo que le ocurrió en la guerra, no solo rompe sí propio silencio sí no que también se abre la posibilidad de reconstruir la justicia y la memoria colectiva.
Por eso, hablar hoy del derecho a la verdad implica también reconocer que en Colombia existe una estrecha relación entre racismo estructural y violencia armada, que persiste la marginalización de las víctimas afrodescendientes en los procesos de justicia, y que hay una deuda histórica del Estado con las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia sexual. Sin reconocer estas dimensiones estructurales, cualquier esfuerzo por esclarecer la violencia sexual en la guerra corre el riesgo de quedarse en una verdad a medias que nunca será herramienta de reparación para las mujeres.
En este contexto, iniciativas como el proyecto Tejiendo Dignidad, desarrollado por organizaciones de la sociedad civil en alianza con ONU Mujeres, buscan fortalecer el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, reconociendo que la verdad y la justicia también son procesos de bienestar psicosocial a nivel individual y colectivo.