Nhora Lucía Álvarez Borrás
Directora Fundación Círculo de Estudios
Las mujeres en la sociedad colombiana desempeñan roles fundamentales en la vida familiar, comunitaria y territorial. En contextos atravesados por la vulnerabilidad social y económica, y en escenarios donde la conflictividad armada es persistente, son ellas quienes sostienen la vida y los procesos sociales. Lo hacen cuidando de sus hijas e hijos, asumiendo el rol de proveedoras del sustento familiar y enfrentando los embates cotidianos que impone la precariedad y la violencia.
La presencia de actores armados en sus barrios y veredas convierte su cotidianidad en un escenario de riesgo permanente, situándolas a ellas y a sus familias —en particular a sus hijas e hijos— en medio del fuego cruzado. A pesar de ello, las mujeres no solo resisten: gestionan, median y recrean estrategias comunitarias para proteger la vida y garantizar la supervivencia colectiva, aun cuando el Estado les ha dejado en soledad frente a la guerra y a las violencias estructurales que atraviesan sus territorios.
Este esfuerzo cotidiano ocurre bajo circunstancias desiguales: según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023 del DANE, 8,2 millones de hogares en Colombia —el 45,4% del total— son liderados por mujeres, cifra histórica e inédita (DANE, 2023; Infobae, 2023; El País, 2023).
Además, más del 69% de estas mujeres jefas de hogar viven sin cónyuge o pareja, y lideran hogares monoparentales en un 44,8% de los casos, frente al 7,1% en hogares liderados por hombres (Infobae, 2023; El País, 2023). Esta realidad se agrava con menores recursos: los ingresos per cápita en hogares con jefatura femenina son notablemente más bajos que en hogares liderados por hombres, y un alto porcentaje de estas mujeres enfrenta inseguridad alimentaria y mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Estos datos evidencian una doble carga: las mujeres no solo soportan la violencia en el conflicto armado, sino que también deben hacerlo con recursos más escasos y sin redes de apoyo sostenidas.
El reconocimiento numérico de su liderazgo no se traduce aún en políticas con presupuesto, cuidado ni equidad efectiva. Siguen siendo las mujeres quienes sufren en primera instancia la insuficiente respuesta del Estado y sus instituciones frente a la garantía de sus derechos; la ausencia de oportunidades laborales, y las dificultades para acceder y mantenerse en procesos educativos.
Por su parte, las mujeres afrodescendientes e indígenas, como mayores representantes de esta realidad descrita, enfrentan la discriminación histórica basada en la intersección entre su género y etnia. Como miembros de comunidades aisladas, con altos índices de pobreza extrema, poca presencia del Estado, marginalidad, precarización de sus medios de vida y altas tasas de analfabetismo y discriminación, son vulnerables a nuevas y sistemáticas formas de violencia.
Esto es la prueba viva de que en Colombia no existen condiciones para las mujeres que se constituyan en garantías reales para su seguridad e integridad, ni para sus hijos e hijas, factor que las hace aún más vulnerables.
Las mujeres que habitan sectores populares, las afrodescendientes, e indígenas en Colombia son quienes enfrentan día a día las afectaciones de múltiples formas de violencia. Han sido víctimas del conflicto armado por el desplazamiento forzado, homicidio y desaparición de sus hijos, hijas o parejas. y de violencias basadas en género como la violencia sexual.
Toda esta experiencia la han vivido, en muchos casos, en la más íntima soledad, con las herramientas que la vida misma y el instinto de supervivencia les han propiciado; pero también, las han atravesado en la más femenina de las compañías: cuando desde su fuero personal, deciden asumirse como catalizadoras de procesos, transformadoras de realidades, facilitadoras y voceras de nuevos discursos.
Cuando las mujeres se nombran, o son nombradas, como lideresas, defensoras de Derechos Humanos o activistas, esa decisión, sin distinción, siempre duplica sus cargas: físicas, emocionales y de tiempo; sus frustraciones y miedos. Sin embargo, es desde lo colectivo, en el trabajo conjunto, en la juntaza y en las organizaciones de mujeres, en donde esas cargas se comparten.
En ese camino las organizaciones, asociaciones, grupos y plataformas que trabajan por la paz, por la seguridad de sus comunidades y por el reconocimiento de sus aportes en la construcción de sociedades respetuosas de los Derechos Humanos e inclinadas hacia la vivencia de la paz han sido un soporte fundamental.
Lo anterior, debido a que muchas de estas mujeres nunca han tenido la oportunidad de vivir en paz, pero a partir de sus experiencias luchan por alcanzarla y compartirla: con sus hijos e hijas, con sus comunidades y territorios, e incluso con los 53,4 millones de habitantes de un país que, por más de 70 años, no ha conocido el verdadero significado de vivir en paz.
Colombiana como sociedad ha visto surgir una afectación colectiva ligada directamente a la persistencia de formas de relacionamiento violentas: a la permeación del narcotráfico y sus repertorios de violencia en el día a día de las comunidades; a la polarización de las fuerzas políticas que buscan fines sin importar los medios; a la permanencia de un conflicto armado que se recicla y sofistica cada vez más, a tal punto que no se reconoce, se naturaliza y narra de formas que impiden que las mujeres y sus colectivos reclamen sus derechos como sociedad civil y sujetos de especial protección.
Es así como en Colombia, la tarea de las mujeres desde sus individualidades y colectivos para preservar los valores, creencias y practicas asociadas a la construcción de contextos seguros y en paz para ellas y quienes les rodean es heroica y titánica.
En 2024 se registraron en Colombia 868 feminicidios y entre 2022 y 2024 ocurrieron 524 ataques contra defensoras de DDHH (Sisma Mujer, 2024). Más de 800 madres y cuidadoras en Chocó han perdido a sus hijos e hijas desde 2015 (Fundación Círculo de Estudios, 2024) en una ola de homicidios sin precedentes a manos del conflicto armado interno en Quibdó.
En estos casos, como en la mayoría en los que se ejerce violencia contra sectores de la sociedad con vulnerabilidades históricas como mujeres, niñas, personas transgénero, o provenientes de sectores populares, suelen quedarse en la impunidad, como un fenómeno que demuestra la falla sistemática en la garantía de los derechos y la discriminación histórica sufrida por determinados grupos poblacionales.
Cuando se piensa en Paz y Seguridad en Colombia también se está hablando de la superación de las diferencias, la discriminación y los factores de vulnerabilidad enfrentados por las mujeres y las niñas quienes han sufrido la huella sin precedentes de los más dramáticos sufrimientos derivados de la multiplicidad de violencias, la repetición de las mismas, la zozobra, el miedo y el silenciamiento.
Es en el contexto de este estado de cosas, en el que las mujeres colombianas: lideresas, madres, cuidadoras, defensoras, activistas, se la juegan para hacer realidad las disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada por medio de la Resolución 1325 el 31 de octubre de 2000. Esta resolución ha marcado un hito al reconocer el impacto desproporcionado del conflicto armado en mujeres y niñas, y promover su participación en la construcción de la paz, así como su protección frente a la violencia de género.
Veintitrés años después, en el año 2023, Colombia emprendió la formulación de su Plan de Acción Nacional 1325 PAN 1325, fruto de un proceso concertado y territorial con más de 1.500 mujeres en diversidad de regiones. Esta agenda nacional reconoce los saberes de las mujeres en la construcción de paz. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos y barreras estructurales, como: la persistencia de violencia armada en el Chocó, Catatumbo, Cauca, entre otros; las limitaciones presupuestales para garantizar acciones sostenibles, que, aunque en Colombia durante los últimos años se han sumado esfuerzos para poner a las mujeres y sus necesidades en el centro de la agenda de gobierno, se hace evidente la débil articulación institucional que dificulta el cumplimiento integral de los compromisos, la baja ejecución de planes y programas; además, la necesidad de avanzar en una participación de las mujeres más allá de la mera consulta, como una participación vinculante en las decisiones sobre paz y seguridad.
Lo anterior, se debe hacer a la par que se trabaja en la transformación de imaginarios patriarcales y machistas que aún juegan un papel fundamental en la exclusión, discriminación y violencia contra las mujeres, quienes sufren la invisibilización de su rol fundamental en la creación y sostenimiento de procesos de resolución de conflictos, reivindicación de derechos, defensa de la defensa de la vida, la integridad y la prevención de violencia basada en género.
La Fundación Círculo de Estudios Culturales y políticos desde su quehacer local en la defensa de derechos con una perspectiva psicosocial, articulando los enfoques etni-coterritorial, de género, interseccional y de cuidados ha trabajado sin descanso en los últimos 15 años en esta labor, abordando la violencia sistemática contra mujeres y lideresas en el país con un trabajo que integra el acceso a la justicia, el aporte a la justicia transicional, la construcción de memoria y el artivismo como herramienta poderosas para la lucha política y el cuidado colectivo.
Todo esto se ha convertido a través de los años en una estrategia transformadora clave para consolidar los elementos requeridos para construir de manera progresiva las condiciones individuales, comunitarias, políticas, sociales, relacionales emocionales y económicas para conseguir una paz duradera, desde lo local y además encarnar los valores de la Resolución 1325: justicia, memoria, acción comunitaria, reparación y participación activa.
A lo largo de este trabajo, la fundación Círculo de Estudios ha evidenciado profundos desafíos para el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1325, siendo uno de los más urgentes la garantía efectiva de acceso a la justicia.
Con este trabajo, Círculo de Estudios ha evidenciado profundos desafíos para el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1325, siendo uno de los más urgentes la garantía efectiva de acceso a la justicia evidenciado en el proceso de acompañamiento constante, sostenido e integral a la Red de Madres y Cuidadoras de niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de homicidios en Quibdó, Chocó, en el que hemos constatado cómo la impunidad y la falta de garantías de seguridad reales para su activismo ponen en entredicho el compromiso del Estado con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.
La visibilización de este fenómeno de violencia sistemática —que desde 2015 ha cobrado la vida de más de 800 jóvenes en la ciudad— y el reclamo de justicia en sus casos se convierten en un ejercicio de alto riesgo. Prueba de ello es que, en 2024, dos integrantes de la Red fueron asesinadas, dejando en evidencia la vulnerabilidad extrema de quienes alzan la voz frente a estas violencias.
La respuesta institucional ha sido insuficiente, obligándonos como sociedad civil a recurrir a instancias internacionales como la CIDH para exigir medidas cautelares de protección.
La carga que debería asumir el Estado recae sobre los hombros de mujeres que, aún en el duelo, sostienen su activismo y su rol de mediadoras, fortalecidas a través de procesos de formación en métodos de resolución de conflictos, herramientas de incidencia política, comunicación para la transformación, protección comunitaria y estrategias colectivas para gestionar el dolor.
Esta apuesta la hemos condensado en la estrategia Mi Vida, que, por medio de acciones comunicativas estratégicas evidencia tanto la potencia organizativa de las mujeres como el vacío estructural en la garantía de sus derechos. Y, sobre todo, recuerda que la defensa de la vida y la paz en Colombia sigue costando la vida misma a mujeres que, aun en la adversidad, se niegan a renunciar a su papel de constructoras de futuro.
A través de los años, esta labor ha sido una herramienta transformadora clave para consolidar los elementos requeridos para construir de manera progresiva las condiciones individuales, comunitarias, políticas, sociales, relacionales, emocionales y económicas para conseguir una paz duradera, desde lo local y, además, encarnar los valores de la Resolución 1325: justicia, memoria, acción comunitaria, reparación y participación activa.
Por otra parte, las mujeres víctimas de violencia sexual, sector con el que la fundación Círculo de Estudios ha trabajado por más de 10 años desde el programa Derecho de Vozs, continúan luchando por la eliminación de la práctica de este crimen que continúa siendo endémico, tanto en el marco del conflicto armado como en micropolíticas domésticas, revelando una deuda histórica con las mujeres.
Según datos de Medicina Legal, hasta septiembre de 2024 se realizaron 16.797 exámenes medicolegales por presunto delito sexual, de los cuales el 88% de las víctimas fueron mujeres (Medicina Legal, 2024). En ese mismo periodo, se registraron 28.944 casos de violencia sexual, 47.757 de violencia intrafamiliar y 11.782 de violencia psicológica contra mujeres (Procuraduría General de la Nación, 2024).
Entre tanto, el panorama judicial tampoco ofrece alivio: en el periodo entre 2021 y 2023, el 78% de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar registrados, se encuentran aún en etapa de indagación, sin ningún avance procesal, y el 99% de los casos de acoso sexual quedaron en impunidad, solo un 1% llega a ejecución de pena (Procuraduría General de la Nación, 2023). Estas cifras revelan que, pese a los protocolos y leyes vigentes, el acceso a la justicia sigue siendo una promesa lejana.
Desde una perspectiva transicional, el Macrocaso 11 de la JEP abre una ventana de posibilidades: Hasta ahora, se han identificado 35.178 víctimas de violencias sexuales, reproductivas y de género en el marco del conflicto armado entre 1957 y 2016, de las cuales casi el 90% son mujeres, y el 35% ocurrieron cuando eran niñas o adolescentes (ABColombia, 2023; ICTJ, 2023), y aunque esto representa un avance crucial, preocupa la limitación temporal en el mandato de la JEP, la cual implica una carrera contra el tiempo para garantizar verdad, justicia y reparación (ABColombia).
En paralelo, la violencia de género en contextos domésticos continúa sin cesar: En el primer semestre de 2024 se registraron 15.656 delitos sexuales, lo que equivale a una agresión sexual cada 17 minutos (Vanguardia, 2024). Además, el Instituto Nacional de Salud reportó que, hasta mitad de año, 50.374 casos de violencia de género afectaron a mujeres, incluyendo violencia sexual, física y negligencia (INS, 2024).
Esto conlleva una doble invisibilización: la violencia armada y la cotidiana. Además, el Instituto Nacional de Salud reportó que, hasta mitad de año, 50.374 casos de violencia de género afectaron a mujeres, incluyendo violencia sexual, física y negligencia (ins.gov.co).
Los datos oficiales —que solo representan la punta del iceberg— subrayan las múltiples capas de revictimización y la insuficiente respuesta institucional. Mientras el Macrocaso 11 podría ser un hito transicional, la justicia ordinaria se atrasa y rechaza a las víctimas con cifras escandalosas de impunidad.
La persistencia de la violencia sexual, en lo público y lo privado, exige que nos enfoquemos no solo en abrir procesos, sino en transformar paradigmas: garantizar acompañamiento psicosocial, seguridad jurídica, recursos diferenciados para mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas y diversas, así como fortalecer la articulación entre justicia transicional y ordinaria para que el acceso a los derechos sea real y efectivo.
Este panorama contrasta con el mandato de la Resolución 1325, que insta a los Estados a garantizar la protección frente a la violencia sexual, el acceso pleno a la justicia y la participación efectiva de las mujeres en la construcción de paz.
Si bien Colombia dio un paso al formular su Plan de Acción Nacional (PAN 1325), fruto de un proceso participativo con más de 1.500 mujeres en los territorios, los datos revelan la brecha entre el compromiso formal y las realidades de impunidad, persistencia de violencias y ausencia de garantías diferenciales. El desafío urgente es que el PAN 1325 no quede en un documento declarativo, sino que se traduzca en acciones sostenidas, presupuestadas y territorializadas que transformen de manera tangible la vida de las mujeres y hagan efectivo el espíritu de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.
Adicionalmente, es importante hacer visible que la construcción de paz no se juega únicamente en los estrados judiciales o en las mesas de negociación, sino también en los escenarios culturales donde se disputa el sentido de la vida, la libertad y la convivencia.
En estos espacios emergen con fuerza nuevas formas de liderazgo e incidencia como el artivismo, que transforma la denuncia en creación colectiva y convierte el dolor en resistencia estética. Colectivos como Maunífica Band en Quibdó y Aires de Urabá en Apartadó irrumpen con beats que desafían los roles de género, reivindican la diversidad y consolidan el protagonismo juvenil en la paz territorial. Su fuerza no solo reside en lo artístico, sino en su capacidad de ser puente generacional: transmiten memorias, aprendizajes y liderazgos, asegurando que las luchas de hoy dialoguen con las del mañana.
Sin embargo, estos procesos —que deberían ser potenciados y reconocidos como pilares centrales de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad— siguen dependiendo de la autogestión y de la resistencia comunitaria, frente a la ausencia de un respaldo institucional sostenido. El desafío es romper con esa lógica de marginalidad y situar la cultura y el artivismo en el corazón de las políticas públicas, no como un adorno, sino como una estrategia transformadora para garantizar el relevo generacional, fortalecer la participación de las mujeres y juventudes, y hacer efectivo el espíritu de la Resolución 1325 en los territorios.
A veinticinco años de la Resolución 1325, el caso colombiano demuestra con crudeza que los compromisos internacionales no bastan si no se traducen en transformaciones estructurales y sostenidas. La persistencia de la violencia sexual, los feminicidios, la persecución a defensoras y la precarización de la vida cotidiana de millones de mujeres revelan una fractura profunda entre la retórica de paz y la realidad territorial.
Hoy, el reto es pasar de las declaraciones a las garantías efectivas: con presupuesto, protección, justicia y participación vinculante de las mujeres en todas las decisiones de paz y seguridad. Cumplir la 1325 en Colombia no es solo un deber internacional, es una deuda histórica con las mujeres que, desde sus cuerpos y sus territorios, han sostenido la vida y han demostrado que, sin ellas, la paz seguirá siendo una promesa incumplida.